Baliza V16: no espía al conductor pero abre un nuevo frente jurídico

La implantación obligatoria de la Baliza V16 ha reabierto el debate sobre privacidad, protección de datos y confianza ciudadana en los sistemas tecnológicos vinculados a la seguridad vial. 

Sofía García Pascual, abogada del área de Seguridad de la Información y Protección de Datos en Lener, analiza en Expansión el encaje jurídico del sistema desde la perspectiva del RGPD y la ciberseguridad. 

Aunque el diseño del sistema busca minimizar el uso de datos personales, ello no elimina todos los riesgos inherentes a cualquier tecnología conectada. En particular, Sofía advierte de la “posible interceptación de comunicaciones, vulnerabilidades en el software del dispositivo o fallos en la cadena de suministro tecnológica”. 

Uno de los puntos clave es “la delimitación clara de responsabilidades, incluida la posible corresponsabilidad entre responsables y encargados del tratamiento”, así como la necesidad de garantizar que los datos no se conserven más tiempo del necesario y que las infraestructuras superen auditorías y estándares elevados de ciberseguridad. 

El escenario cambia cuando se incorporan servicios adicionales, que exigen “una base jurídica adicional, normalmente el consentimiento expreso”, junto con deberes reforzados de información y garantías para el ejercicio de derechos.

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